COMIENZA EL JUICIO DEL PALAU
 La Audiencia de Barcelona juzga desde este miércoles a los saqueadores confesos del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull, en uno de los juicios sobre corrupción más esperados en Cataluña, en que el extesorero de CDC Daniel Osàcar está acusado por su papel clave en el supuesto pago de comisiones al partido.
En el juicio, que se celebrará hasta finales de junio en el Auditorio de la Ciudad de la Justicia, la Fiscalía pide 27 años y medio de cárcel para Millet y Montull y otros siete años y medio para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, por el supuesto pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a la formación nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa de Jordi Pujol.
En las vísperas del juicio, que hoy se inicia con las cuestiones previas antes de que los acusados sean interrogados a partir del 8 de marzo, Jordi Montull ha propuesto un pacto al fiscal para rebajar la pena a su hija, que afronta 26 años de cárcel, a cambio de confesar su implicación en el expolio y dar información sobre el supuesto desvío de fondos a CDC.
El caso llega a juicio casi ocho años después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran, el 23 de julio de 2009, en el Palau de la Música, un auténtico golpe a uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, en un caso que ha acabado poniendo bajo la lupa la financiación de CDC.
Un mes después del registro policial del Palau, Millet y Montull confesaron haberse llevado 3,3 millones de euros del Palau, cifra que desde entonces no ha parado de crecer -hasta los más de 30 millones de euros-, alimentada por nuevos hallazgos que destaparon un desvío sistemático de fondos públicos y privados para todo tipo de gastos particulares, desde el servicio doméstico de toda la familia a la boda de sus hijas y viajes de lujo.
El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled acusa a Millet y a su mano derecha de los delitos de malversación de caudales, falsedad documental, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública, entre otros, y solicita también una condena de 26 años de cárcel para la exdirectora financiera de la entidad, Gemma Montull.
Por el presunto entramado para el pago de comisiones ilícitas a CDC, el fiscal acusa de tráfico de influencias y blanqueo de capitales al extesorero Daniel Osàcar, al tiempo que plantea el comiso de 6,6 millones de euros a la formación por las sumas que supuestamente recibió de Ferrovial, a través del Palau, a cambio de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol.
El ministerio público reclama multas de 20 millones de euros a Osàcar y a los exresponsables del Palau por el blanqueo de capitales perpetrado mediante la trama de comisiones ilícitas, y los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, quienes afrontan una condena de cuatro años y medio de prisión.
El fiscal cree que el desvío de fondos a CDC contó también con la complicidad de la exdirectora general del Palau Rosa Garicano, para la que pide una condena de ocho años y medio de cárcel y multas que suman doce millones de euros.
Junto a la Fiscalía, Millet y Montull tendrán enfrente a cuatro acusaciones, la del propio Palau de la Música, la del Consorci del Palau de la Música -entidad que agrupa a las administraciones que nutren de fondos públicos la entidad-, la de la Agencia Tributaria -que imputa delitos fiscales a los exresponsables de la entidad- y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).
La acusación particular ejercida por el Palau de la Música se ceba en su expresidente, para quien pide 81 años de cárcel, pero sin exigir a CDC responsabilidad alguna por los 6,6 millones de euros que el juez cree que la formación se embolsó a través de la entidad.
El Consorci del Palau de la Música, por su parte, pide una condena de 21 años de prisión para Millet y Montull mientras la FAVB pide 37 años para Millet, 25 para Jordi Montull y su hija, y dos años y tres meses para Osácar.
miércoles, 01 de marzo de 2017 a las 11:39
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IMPUESTO DE PLUSVALIAS
 El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía, debía de ser abonado por los titulares de las propiedades de naturaleza urbana cuando las vendían. Aunque se trata de un tributo que teóricamente grava la revalorización de los inmuebles en el momento de su venta, su fórmula de cálculo provoca que en ocasiones llegue a exigirse su pago incluso cuando se registran pérdidas en la operación.
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha vetado esas prácticas para proteger a los contribuyentes y, con ello, pone en peligro una suculenta fuente de ingresos para los ayuntamientos. Los concellos de la provincia recibieron por esa vía 6.561.287,73 euros en el año 2015, el último con la liquidación presupuestaria cerrada definitivamente. Otro medio millón no pudo ser cobrado al cierre del ejercicio y quedó pendiente para el de 2016.
El IIVTNU es un impuesto local de carácter potestativo, es decir, que los ayuntamientos pueden decidir de forma autónoma si lo aplican o no. Solo trece de los 92 concellos de la provincia lo cobraron en el año 2016 y, teniendo en cuenta que se trata de un tributo que grava únicamente las transmisiones de propiedades de naturaleza urbana, entre ellos están los de mayor tamaño. Así, además de la capital, en el listado de ayuntamientos que cobran la plusvalía se encuentran los únicos cinco concellos que tienen más de 10.000 habitantes: Verín, O Carballiño, O Barco de Valdeorras, Barbadás y Xinzo de Limia. En todo caso, el IIVTNU también se aplica en municipios de tamaño medio, como Ribadavia o Celanova, y en otros más pequeños, como A Bola, A Merca o Muíños.
El Ministerio de Hacienda está estudiando cómo reformular el sistema de cálculo utilizado hasta ahora para así cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Con el sistema hasta ahora vigente se fijaban una serie de períodos para el cálculo de la plusvalía (hasta cinco años, de cinco a diez años, de diez a quince y de quince a veinte), cada uno con un porcentaje. Tomando como referencia el primero de esos períodos para comparar el impuesto en unos concellos y otros, resulta que el más caro es el de Vilamartín de Valdeorras (3,1 %), justo por encima de la capital (2,89 %).
En todo caso, el impacto de este tributo en las cuentas locales es muy diferente en ambos casos. En Vilamartín de Valdeorras el gobierno municipal había presupuestado para el año 2015 unos ingresos de 3.000 euros gracias al IIVTNU, pero finalmente solo recibió 229 euros. En Ourense en ese mismo período recaudaron 6.290.821,28 euros a través de la plusvalía. De hecho, la capital acapara la mayor parte de los ingresos que por esta vía recibieron los ayuntamientos de la provincia en el año 2015, el 95 % del total.
La capital recibió en el año 2015 dos millones de euros más de lo previsto inicialmenteAunque todavía quedan ayuntamientos que no han rendido cuentas del año 2015, sí lo han hecho aquellos que cobran el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Se puede comprobar, de ese modo, cuánto ingresaron cada uno de ellos por gracias a ese tributo en el último ejercicio del que se disponen datos cerrados. La capital, además de ser el municipio que más recaudó, es también el que más diferencia presenta entre la cantidad presupuestada y la finalmente ingresada. El Concello de Ourense había previsto ingresar cuatro millones de euros y finalmente fueron 6,29. Y habría que tener en cuenta que al cierre del ejercicio aún quedaban 494.875,66 euros en derechos pendientes de cobro que deberían hacerse efectivos al año siguiente. El resto de los ayuntamientos de la provincia habían presupuestado en total algo más de 340.000 euros e ingresaron menos de lo previsto: 270.466,45 euros.
La repercusión económica que podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a este impuesto es, por lo tanto, mucho mayor en la capital. A nivel político, el PSOE acaba de pedir al gobierno municipal que aclare cómo va a proceder ante las reclamaciones que puedan presentarse. Los socialistas exigieron al ejecutivo local que se adopten medidas para informar a los ciudadanos afectados. El partido Adelante presentó el lunes un escrito para reclamar la devolución automática.
miércoles, 01 de marzo de 2017 a las 11:25
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ENTROIDO TODO EL AÑO
 Propongo suspender el entierro de la sardina de hoy. ¡Que sea entroido todo el año! La provincia luce luminosa, creativa. El ingenio recorre Ourense desde Xinzo de Limia hasta Covelo, desde Verín hasta Viana do Bolo o desde Manzaneda a Laza, por citar solo un puñado de las muchísimas localidades que celebran con auténtica devoción la fiesta más pagana del año.
Hasta en los pueblos más pequeños, como en As Teixugueiras, en Cartelle, la disfrutan a tope. Daba gusto ver a los cuarenta participantes en el ritual de elaboración del meco, que este año resultó ser una imitación fálica de Trump. El resto del año, el medio rural ourensano, gravemente afectado por la despoblación y el envejecimiento, parece apagarse, pero el entroido ilumina de nuevo a la provincia. Las penalidades internacionales, como la del nuevo presidente estadounidense -uno de los grandes protagonistas del carnaval- se llevan mejor con ironía. Y lo mismo ocurre con los políticos ourensanos.
Por más que les gustaría a algunos, tampoco ellos pueden escapar a la mofa del entroido. Ojalá no se acabara nunca. Ojalá hoy no se enterrase la sardina y todos pudiesen seguir riéndose de los poderosos porque a partir de hoy todos volverán a la realidad y ellos serán de nuevo quienes podrán mofarse de los demás. Durante estos días muchos se han podido reír a placer de Trump, pero el entroido se acaba y habrá que asumir la triste realidad de que él está al frente del Gobierno de los Estados Unidos. Lo mismo nos queda por delante con algunos de los personajes que pueblan el panorama político ourensano. Paciencia.
miércoles, 01 de marzo de 2017 a las 11:08
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REVISTA DE PRENSA
 Después de ocho años de investigaciones llega uno de los juicios sobre corrupción más esperados en Cataluña. Una cita que El Mundo lleva en portada: “El ‘número 2’ del Palau ofrece confesar las comisiones a CDC”. Jordi Montull pretende rebajar su pena y evitar que su hija vaya a prisión. Amanece el diario con una primera página enfocada únicamente a noticias nacionales con foto divertida de Inés Arrimadas y Albert Rivera en el Mobile World Congress de Barcelona: “Ciudadanos ve el pacto “encarrillado” y el PP le da largas”, no se ha establecido ningún plazo para estudiar la limitación de mandatos y aforamientos y “La Generalitat busca a un soberanista para relevar al jefe de los Mossos”, en su sustitución el PDeCAT maniobra para situar al ex presidente de los medios públicos catalanes, Brauli Duart.
El periódico escribe en su editorial sobre el “saqueo del Palau”. Ante los hechos, considera que “estamos ante un caso de soborno organizado que, con independencia de la sentencia que dicte el tribunal, ya tiene consecuencias extraordinariamente graves para Convergència”.
La Razón dice que “La comisión de investigación al PP abre un nuevo frente con C’s”. Dice también que “Rivera advierte de que si se invumplen los acuerdos buscará una mayoría alternativa”. En la foto, “el camino de Millet que lleva a las mordidas del 3%”. Dice que la Fiscalía espera que la confesión del número dos del Palau, Jordi Montull, acelere la investigación de la financiación de CDC. Además, “Carmena vota con el PP y en contra de sus ediles a favor de apoyar a Leopoldo López”. Dice que seis concejales de Ahora Madrid se muestran en contra de condenar a Venezuela.
En su editorial, este diario da un apunte sobre el ‘caso Palau’: “No olvidemos queel saqueo del Palau se hizo delante de la administración catalana y de los prohombres de la mejor sociedad barcelonesa que consideró a Feliz Millet un intocable”.
El País reserva un apoyo al ‘caso Palau’ y centra su portada en el proceso independentista de Cataluña. “Puigdemont pretende proclamar la república sin control del Parlament”. El proceso secesionista avanza un nuevo capítulo. La coalición Juntos por el Sí presentó este martes un escrito para burlar los trámites y esquivar los controles de la oposición. Si se aprobase, “sería un punto de no retorno del proceso independentista”. Foto poco protocolaria en el Despacho Oval, la asesora presidencial Kellyanne Conway olvida las formalidades al sentarse en el sofá. En la columna de salida, ocupa la primera posición las pretensiones de la UE por “aumentar las expulsiones de migrantes sin papeles”, este miércoles se discute un plan que insta a los países a retenerlos el periodo máximo legal, hasta 18 meses. A su vez, el diario continúa dedicando un espacio al error de los Oscars, que ya tiene culpable.
Editorial enfocado a la reforma del reglamento del Parlament, al que califica de “disparate mayúsculo”, “siniestro” y un “fraude de ley antidemocrático”. Su aprobación supondría “el aplastamiento de la mayoría social no secesionista” y un “asalto a las libertades catalanas y al ordenamiento legal español”.
ABC lleva en su portada una imagen de la caja fuerte de Andreu Viloca, tesorero de Convergencia: “CDC compraba el silencio de sus empleados con el dinero del 3%”. Dice que recibos reconstruidos por la Guardia Civil revelan finiquitos pagados con efectivo de las comisiones”. Además, aporta una hoja de ruta judicial para el secesionismo, que habrá de enfrentarse al ‘caso Pujol’, al ‘caso Palau’ y al ‘caso 9-N’.
En el editorial, el diario muestra su descontento con la “consulta trampa” del Ayuntamiento de Madrid. Dice: “El referéndum ha sido una ópera bufa. Se trataba de un plebiscito para legitimar decisiones ya adoptadas, y recubrirlas de una engañosa legitimidad ciudadana”.
miércoles, 01 de marzo de 2017 a las 11:01
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LOS PORTUGUESES CRUZAN LA RAIA PARA COMPRAR GASOLINA
 El precio de los carburantes, sobre todo del gasóleo, se disparó en los últimos 12 meses en las estaciones de servicio de la provincia, pero la subida aún es mucho mayor en Portugal. En las gasolineras cercanas a la frontera con Ourense, el litro de gasóleo rodaba entre los 1,289 y los 1,388 euros, mientras que el precio en las de Verín y Xinzo costaba 1,189. El litro de gasolina vale en Portugal 1,479 euros, mientras que en las gasolineras ourensanas está a 1,26 y 1,30 euros.
La diferencia es aprovechada a diario por numerosos conductores portugueses, sobre todo los que residen en Chaves, Montalegre, Boticas, Arcos de Valdevez,Vinhais y Melgaço, que cruzan la frontera para llenar el depósito en las estaciones de servicio ourensana.
La situación hace ahora tres años era al revés, los ourensanos cruzaban la "raia" para repostar en Portugal, al haber entonces una diferencia en el precio de entre seis y siete céntimos en litro.
Ramiró Antonio Gonçalves es natural de Chaves y ayer repostaba gasóleo en Verín. Este conductor asegura que lleva más de un año sin llenar el depósito del coche en su país "porque suelo realizar compras en Ourense y aprovecho para echar combustible. Llenando el depósito ahorro más de cinco euros", explica.
Su compatriota, Antonio Santos, también se abasteció ayer de gasóleo en Xinzo. A su entender, viajar desde Portugal simplemente para poner combustible "no compensa, pero si tienes que venir a realizar alguna una gestión, aprovechas y ahorras algo", comenta.
Los responsables de las gasolineras al otro lado de la frontera son conscientes de la fuga de clientes e intentan afinar los precios. En las instalaciones lusas que hay en el paso fronterizo de Baltar, el litro de gasóleo costaba ayer 1,20 euros, ocho céntimos menos que las cercanas de Montalegre, situada a tres kilómetros. "Muchos clientes se nos fueron porque en España está el combustible más barato. Estamos registrando muchas menos ventas que hace un año", afirma el responsable de la estación de servicio de Montalegre, Arturo Piris.
Y mientras, los industriales ourensanos se muestran satisfechos con la afluencia de clientes lusos. Reconocen que atienden a conductores del otro lado de la frontera, pero argumentan que no es como en años anteriores en los que se registraban caravanas. "Al día, suelen venir entre cinco o siete conductores portugueses", explican en una de las gasolineras de Cualedro.
Bonificación
El propio gobierno luso es consciente de que muchos automovilistas, ante la diferencia de precios en los carburantes, se desplazan a las gasolineras españolas a repostar combustible y decidió, hace cuatro meses, rebajar hasta 13 céntimos el litro de gasóleo, aunque solo para los transportistas.
La medida solamente se aplica en determinadas gasolineras que están cercanas a España, en la frontera con las provincias de Salamanca, Zamora y Huelva. Ninguna de estas estaciones de servicio está cercana a la provincia de Ourense.
miércoles, 01 de marzo de 2017 a las 10:56
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