LA MOCION DE A MEZQUITA
 José Antonio Pérez Carballal, el concejal del PSOE que firmó la moción de censura, junto con los cuatro ediles del independiente y exalcalde del PP, Francisco Montesinos, en A Mezquita, rompió su silencio y ayer aseguró no estar arrepentido porque "o alcalde me tiña vetado, non contaba conmigo para nada".
El regidor, Rafael Pérez (dos concejales), logró la Alcaldía en mayo del 2011 con el apoyo de los dos ediles socialistas y uno del PP. Entonces, José Antonio Pérez no era concejal, tomó posesión cuatro meses más tarde tras la dimisión del que fuera cabeza de lista del PSOE, José Santamarina. "Dende que tomei posesión nunca contaron conmigo, para eles era un número, nada máis, nin se me permitiu participar na elaboración dos orzamentos", apuntó Pérez Carballal, añadiendo que durante este tiempo se sintió "ignorado e desprotexido" por sus compañeros por lo que decidió dar el paso y firmar la moción de censura.
Los responsables del PSOE en Madrid acaba de comunicarle que está "expulsado" -también fue dado de baja como militante- pero esto dice no suponerle ningún problema "porque a partir de agora traballarei no Concello dentro do grupo de concellais non adscritos", apuntó Pérez Carballal, que no se siente tránsfuga, ni nada que se le parezca. "Eiquí non hai transfuguismo. O que hai e un concelleirocon gañas de traballar polos seus veciños e non podía. Eu son novo en política, teño gañas de traballar, débome aos veciños e o alcalde nunca contou conmigo, nin cas miñas opinións", explicó.
MOCIÓN DE CENSURA
A su entender, la moción de censura es legal y debe debatirse y votarse "porque si o que fixen é ilegal entonces non se pode presentar unha moción de censura en ningún concello de España", añadió.
Por contra, el alcalde, Rafael Pérez, rebatre los argumentos de Pérez Carballal y asegura que "nunca nos pediu nin plantexou nada. Intentamos negociar, acercarnos a él, pero ía por libre". Sus palabras fueron ratificadas por el portavoz del PSOE en A Mezquita, José Vidueira, quién añadió al respecto que Pérez Carballal "un día se sentaba nun despacho e ó seguinte noutro, sin estar integrado dentro do grupo do goberno".
jueves, 30 de enero de 2014 a las 10:21
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EL GOBIERNO DE LOS JUECES
 Hoy los medios radiofónicos han utilizado esa expresión, con motivo de la Sentencia del TSJ de Madrid confirmando la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo suspendiendo cautelarmente la externalización de servicios de determinados Hospitales públicos. Es verdad que, para un profano, da esa sensación cuando se suspenden acuerdos políticos de un Gobierno de Comunidad Autónoma, porque el acto administrativo, sea local, autonómico, o estatal, tiene un aspecto político evidente. Pero se olvida fácilmente que no son los Jueces los que intervienen de oficio en el control jurisdiccional de la Administración, sino que son "llamados" a ello en virtud de los recursos contencioso-administrativos o mediante los procesos penales más notorios. Conviene puntualizar, por tanto, qué es la Jurisdiccion contencioso-administrativa y cual es el designio constitucional garantista de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas. Actualmente es la Ley 29/1.988, de 13 de julio la reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa, modificando la anterior de 27 de diciembre de 1.956. Ya en la exposición de motivos de esta Ley se hablaba de que las primeras leyes tendentes a regular la función administrativa del Estado son de 2 de abril y 6 de julio de 1.845. La de 27 de diciembre de 1.956 "la dotó de las características que hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles para asumir la MISION QUE LE CORRESPONDE DE CONTROLAR LA LEGALIDAD DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, garantizando los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos FRENTE A LAS EXTRALIMITACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN", o lo que, ciertamente, es lo mismo que hablar de las extralimitaciones del PODER EJECUTIVO del Estado. -La Ley intentó, -y acertó-, "garantizar el control judicial de la actuación administrativa, aunque con algunas excepciones notorias que imponía el régimen político bajo el que fué aprobada -el régimen franquista- por las conexiones con la actividad política propiamente dicha en la que no debía interferir. Naturalmente la Constitución de 1.978 supuso un impacto notorio en la Ley jurisdiccional. Pero quedó claro que la norma suprema garantiza "el derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos, "el SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA A LA LEY Y AL DERECHO, y el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, por los Tribunales".
Ha de recordarse que el concepto de "acto político" -excluido "per se" de la jurisdicción- está en franca regresión.
La Ley señala en términos positivos una serie de aspectos sobre los que en todo caso siempre será posible el control judicial: porque la discrecionalidad de la resolución gubernamental nunca podrá afectar" a los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto, y la determinación de las indemnizaciones procedentes".
En otra ocasión dijimos que, en todo caso, el improcedentemente llamado "gobierno de los Jueces", siempre sería más garantista de los derechos e intereses ciudadanos -al tratarse de resoluciones fundadas- que el gobierno de los políticos, aunque en virtud de la división de poderes, la Jurisdicción no puede interferir en la actividad política de los gobiernos, pero sí en todo aquello que esté regulado por la Ley que, en un Estado de Derecho, alcanza, prácticamente, al conjunto del ordenamiento jurídico de la Nación.
Manuel Domínguez Viguera
miércoles, 29 de enero de 2014 a las 21:25
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NOTA DEL DIA
 ¡Bos días!
Los periódicos recogen, intrigas, posicionamiento y polémica de destacados populares a raíz de la espantada de Vidal Cuadras y la renuncia de Mayor Oreja a figurar en la lista electoral europea. Si a esto se añade la Convención de Valladolid, con la anunciada ausencia de Aznar, hay tela informativa para dar y tomar.
El portavoz parlamentario del PP vasco y presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, cree "profundamente injustas" las críticas de la exlíder de los populares vascos, María San Gil, y ha apuntado que, de seguir así, mañana puede decir que el actual Partido Popular "es cómplice de ETA" o que prácticamente "somos los que apretamos el gatillo". Además, cree que "no hay nada nuevo bajo el sol" en las posturas de Mayor Oreja, Vidal Quadras o la expresidenta del PP vasco.
Preguntado por la renuncia a concurrir a las europeas de Jaime Mayor Oreja, la negativa de José María Aznar a asistir a la Convención del PP, la marcha de Alejo Vídal Quadras a Vox y las críticas de María San Gil, ha afirmado que "no hay nada nuevo bajo el sol". En este sentido, ha apuntado que se trata de personas "que llevan mostrando sus discrepancias, algunos, su gran alejamiento otros y sus matices diferentes algunos otros". "Esto no responde a nada nuevo", ha añadido en una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press.
Además, ha destacado que se trata de casos "muy diferentes" porque Vidal Quadras "nos ha llamado de todo menos bonito desde hace mucho tiempo y era esperado que abandonara el PP". "Mayor Oreja no lo abandona, no va a ser candidato a las próximas elecciones europeas, y las palabras de María San Gil es harina de otro costal", ha señalado en alusión a las palabras de ésta en las que ha acusado al Partido Popular de "consentir" la "pesadilla" que vive Euskadi "en relación con el entramado etarra".
Borja Sémper ha rechazado profundizar sobre las críticas de San Gil". "Yo sobre alguien que ha sufrido por hacer política en el País Vasco, que se ha jugado el tipo y su vida, como es su caso, no puedo tener más que palabras de respeto humano y político", ha indicado.
También publican los periódicos una noticia en la que el PP pregunta al PSOE sobre el tema andaluz.
El PP andaluz ha cuestionado hoy si el PSOE-A ha recibido "algún beneficio" de todas las subvenciones que la Junta de Andalucía ha concedido a UGT y ha preguntando qué participación ha tenido la presidenta del Ejecutivo regional, Susana Díaz, "en la obtención de beneficios de esas ayudas".
El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, se ha referido así en rueda de prensa a la información publicada por El Mundo en la que se asegura que Díaz, cuando era secretaria de Organización del partido, firmó un convenio con el sindicato en virtud del cual el PSOE-A recibía dinero de los cursos de formación a través de las casas del pueblo.
Ha señalado que es "la primera evidencia de que había un pacto no escrito y otras veces escrito" entre PSOE y UGT, y que ahora entienden "mucho mejor" por qué la presidenta "no quiere investigar a fondo" las ayudas, ya que "no solo defiende a UGT sino que está defendiendo al propio PSOE".
Sanz ha preguntado también cuántas cuentas corrientes tienen en común PSOE y UGT y "cuántas casas del pueblo ha alicatado el PSOE-A con los fondos de formación de la Junta".
Por ello, ha reclamado a Díaz que diga si va a ser "implacable con ella misma" o si se avergüenza "de cosas que ha hecho o ha firmado", a la vez que le ha pedido que aproveche su visita al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, para garantizarle "que no se va a perder ni un euro" de las ayudas comunitarias que lleguen a Andalucía.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha afirmado en un auto que la causa no puede separarse en piezas para cada ayuda investigada porque el "sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas" fue obra de una "estructura piramidal de cargos políticos y técnicos de la Junta".
La juez, en un auto al que ha tenido acceso Efe, rechaza la petición de Encarnación Poto Monge, presidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (ACYCO) de abrir una pieza para cada ayuda porque ella tiene todos sus bienes embargados y con objeto de no dilatar en el tiempo una investigación que acumula un centenar y medio de imputados.
La juez responde que esta imputada, "lejos de mantenerse al margen de lo que ella denomina en su recurso como 'trama política', se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos para conseguir elevadas subvenciones".
La empresaria conocía, indiciariamente, que las subvenciones "se otorgaban discrecionalmente y sin que se justificara por los solicitantes, como ella, o por el órgano que las concedía el fin público o el interés social de tales ayudas públicas".
Entiende la magistrada que la causa de los ERE no se puede escindir "pues en cada expediente de subvenciones podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas: los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía que, en estructura piramidal, serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años".
También es única la responsabilidad de "los intermediarios que, alternándose, se repiten en cada uno de estos expedientes, sobre los cuales a día de hoy penden diligencias de interés".
Por ello, según la instructora, "hasta la fecha no existe razón alguna que justifique la división de la causa, pues se rompería la continencia de la misma" en una posición confirmada por la Audiencia Provincial en diciembre pasado.
Además, Alaya reprocha a la dueña de ACYCO que las ayudas que recibía "se imponían como parte de una estrategia empresarial, sobre la seguridad que se iba a disponer de tales fondos públicos"..
Hay una información con los datos de las ventas comerciales el pasado año.
Las ventas del comercio minorista a precios constantes -eliminada la inflación- bajaron en 2013 el 3,9 % respecto al ejercicio anterior, con lo que este indicador del consumo encadenó seis años consecutivos a la baja, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el último mes del año pasado, las ventas se mantuvieron estables en el conjunto del sector, aunque si no se tienen en cuenta las ventas en las gasolineras, subieron el 0,3 %, lo que, en ambos casos, suponen los mejores datos para un mes de diciembre desde que empezó la crisis.
Las principales patronales del sector esperaban que sus ventas subieran con más fuerza en diciembre impulsadas por la campaña de Navidad, en la que muchos establecimientos se juegan gran parte de las ventas de todo el año.
Según los datos del INE, en todo 2013 las ventas sólo subieron en noviembre (2 %) y septiembre (2,1 %), en tanto que los peores datos se dieron en febrero y marzo, con desplomes del 10,3 y del 10,8 %, respectivamente.
En 2013, el empleo cayó el 1,9 % y sumó su cuarto año de descensos. En diciembre, la contratación subió el 1 % respecto a noviembre y bajó el 1,3 % respecto al mismo mes de 2012.
Si se eliminan los efectos estacionales y del calendario (diferencias de días hábiles), la cifra del comercio al por menor retrocedió el diciembre el 1 %, dos puntos y ocho décimas por debajo de la tasa de noviembre, cuando subieron el 1,8 %
Por tipo de productos, las ventas de alimentación bajaron el año pasado el 3 %, las de equipamiento personal el 4,9 %, las de equipamiento del hogar el 6,5 % y las de otros bienes el 3,8 %.
En diciembre, todos los grupos registraron subidas de facturación, salvo en alimentación, que sufrió un retroceso del 1,5 %. La comercialización de productos de uso personal se incrementó el 1,4 % y las de equipamiento para el hogar el 0,7 %.
Por tipo de establecimiento, el año pasado todos se mantuvieron a la baja, con descensos del 5,5 % en tiendas unilocalizadas, del 4,8 % en pequeñas cadenas, del 4,4 % en grandes superficies, del 0,4 % en grandes cadenas y del 4,5 % en estaciones de servicio.
En el último mes del año, las ventas subieron en todos los modos de distribución salvo en las grandes superficies, cuya facturación bajó el 0,3 %. En tiendas unilocalizadas crecieron el 0,4 %, en pequeñas cadenas el 0,3 % y en grandes cadenas el 0,5 %.
Por regiones, las ventas minoristas bajaron en todas las comunidades autónomas respecto a 2012, excepto en las Islas Baleares, donde repuntaron el 2,8 %.
Los mayores retrocesos se contabilizaron en País Vasco (6,1 %), Murcia (6 %) y Madrid (4,2 %), mientras que los menos abultados correspondieron a Canarias (0,3 %).
En lo que respecta al empleo, éste se mantuvo estable en el pequeño comercio, mientras que en estaciones de servicio disminuyó el 2,3 %, en pequeñas cadenas el 4,9 %, en grandes cadenas el 1,1 % y en grandes superficies el 0,8 %.
En el último mes del año, la ocupación subió en todos los modos de distribución, salvo en gasolineras (-0,3 %) liderado por las grandes superficies (3,4 %).
En las grandes superficies, la contratación creció el 3,4 %, en grandes cadenas el 1,1 %, en pequeñas cadenas el 1 % y en empresas unilocalizadas el 0,6 %.
Por autonomías, el empleo en el comercio minorista aumentó únicamente en Baleares (0,4 %) y Comunidad Valenciana (1 %).
La mayor pérdida de ocupación correspondió a Madrid (3,3 %), Castilla León y Andalucía (3 %) y Cantabria (2,6 %). -
Este es el perfil informativo de actualidad, al que hay que añadir la situación meteorológica que se mantiene según las previsiones de finales de enero.
¡Bos días!
Joaquín Nieves
joaquinnieves55@hotmail.com
miércoles, 29 de enero de 2014 a las 20:56
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