Nyeri celebra su X Aniversario en el Parque Lo Torrent
 El Grupo Scout Nyeri celebró el pasado 8 de mayo el X Aniversario de la fundación del grupo escoltista. Para esta fecha tan especial la familia que forma Nyeri decidió realizar una jornada de convivencia en el Parque Lo Torrent que tuvo un excelente colofón con la cremá de una hoguera realizada por uno de los artistas del grupo. La mañana se pasó con la participación de un buen número de chicos y chicas en la gymkhana. La misa, oficiada por el consiliador del grupo, Arturo Pastor, puso el punto y aparte hasta la jornada vespertina. Con el concurso de paellas, se abrió la veda de las competiciones, fue momento para los torneos de juegos de mesa mus, domino y parchís- y de futbito. Todos los ganadores recibieron su recuerdo. Uno de los actos estrellas del programa se centraba en la plantà a primera hora de la mañana y la consiguiente cremà, a modo de finalización de la jornada, de una estupenda hoguera, construida por el scout, constructor y foguerer, Armando Cerdá. Un monumento en el que Cerdá quiso exaltar y poner de manifiesto los símbolos propios del Nyeri y de los distintos grupo que lo forman. En este acontecimiento estuvieron presentes la Bellea del Foc, dos de sus Damas de Honor, la concejal de Fiestas y el Presidente de la Comisión Gestora, además de hacer acto de presencia, los bomberos, quienes proporcionaron a un grupo de niños la tradicional bañà. Para finalizar se dio un repaso a la historia de Nyeri en imágenes. Igualmente, la organización editó para esta ocasión y repartió entre los asistentes, una pequeña publicación en la que se relata parte de la historia de Nyeri.
El Raspeig. 17/05/2004
lunes, 31 de mayo de 2004 a las 0:00
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El fiscal solicita tres años de prisión para dos médicos y dos directivos de Fibrocementos
El Ministerio Público eleva su solicitud de indemnización a nueve millones para las familias de los fallecidos y 29 enfermos de amianto
El fiscal del «caso amianto», Miguel Gutiérrez, pide tres años de prisión más cuatro años y seis meses de inhabilitación para dos responsables de personal y dos médicos que trabajaban para la empresa Fibrocementos de Levante por la muerte de ocho ex empleados y las lesiones graves de otros 29 debido a la enfermedad del amianto, según la calificación provisional enviada ayer al titular del juzgado de Instrucción número uno de San Vicente del Raspeig, Juan Antonio Hurtado. El fiscal los considera autores de un delito contra los derechos de los trabajadores por incumplir las medidas de seguridad, con infracción del reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
El Ministerio Público, que aplica el Código Penal de 1995 por considerarlo «más favorable» para los cuatro acusados que el de 1973, reclama el pago de una indemnización a los ex trabajadores y sus familias por parte de los acusados de un total de 8.894.985 euros -aproximadamente 1.500.000.000 de las antiguas pesetas- y hace responsable civil subsidiaria a Uralita, mercantil a la que pertenece Fibrocementos. El fiscal Miguel Gutiérrez pide una indemnización de 240.405 euros -40.000.000 pesetas- para cada una de las viudas o familiares de los ocho fallecidos, a causa de la enfermedad del amianto producida durante los años de trabajo en la fábrica de San Vicente. Igual indemnización solicita para cada uno de los afectados con lesiones graves. Otro posible afectado podría sumarse a estas indemnizaciones solicitadas, indica el fiscal en su informe, en el caso de demostrarse que padece la enfermedad del amianto.
Por primera vez, las posibles implicaciones de una empresa en la enfermedad contraída por sus trabajadores a causa del amianto serán juzgadas en España por lo penal, aseguraron ayer fuentes judiciales. El «caso amianto» se inició en abril de 1998 cuando un grupo de seis trabajadores presentó una denuncia penal contra Fibrocementos de Levante, al considerar que la empresa cometió «negligencia» en los reconocimientos médicos entre 1984, fecha en la que entra en vigor el Reglamento de Trabajos con Riesgo de Amianto, y 1990. Posteriormente, la Dirección General de Trabajo de la Generalitat admitió el problema y diagnosticó a 60 enfermos de asbestosis pulmonar de la plantilla de Fibrocementos.
Según la calificación provisional ultimada ayer por el fiscal, las medidas incumplidas por los acusados consisten en que: «no se practicaron todos los preceptivos reconocimientos médicos periódicos anuales a los trabajadores»; «incompleta y negligente aplicación de los llamados criterios de sospecha diagnóstica»; «incumplimiento de los reconocimientos previos»; y «falta de información y control genérico sobre la práctica de los reconocimientos post-ocupacionales».
En sus conclusiones, el fiscal Miguel Gutiérrez señala que: «Los acusados, cada uno en la esfera de sus atribuciones y competencias, no pusieron en conocimiento de los trabajadores afectados, ni antes ni después de 1996, que éstos tenían que efectuar los reconocimientos médicos post-ocupacionales. Tampoco les solicitaron o requirieron para que presentasen los certificados de los reconocimientos médicos post-ocupacionales que, en su caso, hubieran realizado a cada uno de tales trabajadores».
«Como queda acreditado -explica el fiscal en su informe-, la mayoría de los perjudicados no fueron objeto de tales reconocimientos, pues nadie les había informado que así lo debían hacer. Todo ello, tales omisiones, han contribuido al agravamientos de las lesiones sufridas por los obreros e incluso a la anticipación de su fallecimiento, al no recibir el tratamiento y control adecuado reglamentariamente establecido».
Por lo que se refiere a los dos directivos de Fibrocementos de Levante, J.P.D. y C.B.F., el Ministerio Fiscal basa su acusación en el hecho de «no controlar el cumplimiento de los reconocimientos médicos y por no facilitar los medios necesarios para la seguridad de los obreros, que se especificarán y que hubieran evitado, o en su caso aminorado los resultados producidos en la vida y salud de los trabajadores».
Respecto a los médicos, A.C.R. y M.A.S.R., el fiscal justifica la pena solicitada para el primero «por no haber pasado debidamente, con la diligencia exigible, los reconocimientos médicos, por no haber propuesto la baja o traslado a otro puesto de trabajo, con menor exposición al amianto, y por no haber facilitado información adecuada, detallada y veraz a los trabajadores». El otro médico es acusado de «no haber controlado debidamente al anterior, ni haber ejercicio adecuadamente su función de supervisión». En definitiva, omisiones y negligencias de ambos que de haber actuado correctamente hubieran evitado, o al menos, aminorado los resultados producidos en la vida y salud de los trabajadores».
Gutiérrez señala que el periodo de latencia de la intoxicación por amianto se sitúa entre los 15 y los 40 años. En la calificación se especifica que los empleados «no recibieron ni formación ni información» en materia de prevención de riesgos profesionales por trabajar con el amianto; al tiempo que «nunca se les dio un cursillo o equivalente para cumplir los responsables de la empresa». Indica también que «la información no solamente no se les facilitó, sino que cuando expresamente la requirieron fueron ignorados, contestándoles primero con el silencio y después con largas y reiteradas evasivas, hasta que tuvieron que recurrir los propios perjudicados en los organismos oficiales».
El informe de la Fiscalía destaca que «ni todos los años ni a todos los trabajadores se les ha pasado la obligatoria revisión o reconocimiento médico anual», al tiempo que los responsables de personal acusados de haber incumplido «clara y ostensiblemente» la obligación legal de conservación de los libros de registro oficiales durante el tiempo que marca la ley.
jueves, 27 de mayo de 2004 a las 0:00
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PSOE, IU y BLOC critican al PP por la falta de consenso en el proyecto del nuevo Ayuntamiento
La alcaldesa presenta el lunes el edificio consistorial que realizará el arquitecto municipal de Benidorm José Luis Camarasa
El proyecto para la construcción del nuevo edificio consistorial de San Vicente será adjudicado a José Luis Camarasa, arquitecto municipal de Benidorm, y autor también del nuevo edificio que sustituyó al antiguo Ayuntamiento de esta localidad de la Marina Baixa, según aseguraron ayer fuentes municipales. Este proyecto presentado por Camarasa en colaboración con un estudio de arquitectura valenciano AIC ha sido seleccionado por el Instituto Valenciano de la Vivienda, organismo que depende la Conselleria de Territorio y Vivienda (IVVSA), para el diseño del nuevo Ayuntamiento.
El edificio está previsto que se construya en la calle Pintor Picasso, justo detrás del centro social de la localidad. En la actualidad el solar es empleado como aparcamiento público. Una de las alternativas planteadas por el Ayuntamiento al IVVSA es la construcción de una aparcamiento subterráneo bajo el inmueble.
La financiación y construcción de este inmueble corre a cargo del IVVSA. Este proyecto está englobado dentro del plan de reestructuración urbana de San Vicente, aprobado por el Consell, destinado a reformar la trama urbana de esta localidad y a la construcción de varios edificios como el mercado central.
La alcaldesa, Luisa Pastor, ha convocado para el próximo lunes a todos los grupos municipales a una reunión en el salón de plenos con el fin de presentarles el proyecto del nuevo edificio. Este hecho provocó las críticas de los portavoces de los grupos de la oposición municipal, PSOE y Esquerra Unida.
El portavoz del PSOE, Rufino Selva, acusó a la alcaldesa de dirigir el Ayuntamiento «sin tener en cuenta a las fuerzas políticas de la oposición que representan a gran parte de los ciudadanos». Selva afirmó que «en esta localidad las decisiones se toman en casa de la alcaldesa y de su marido el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, sin consensuarlas con asociaciones culturales».
Por su parte, el concejal de EU, Juan Rodríguez, acusó a Pastor de «no tener en cuenta ni a sus votantes ni al resto del pueblo cuando es capaz de presentar el proyecto del nuevo edificio consistorial sin haber consultado a las fuerzas políticas algunos aspectos que pudieran interesas». Rodríguez señaló que «a la alcaldesa le ha faltado diálogo, como le está faltando durante todo el mandato, y le ha sobrado la actitud dictatorial con la que dirige el Ayuntamiento y que llevamos comprobando todos estos años».
Lillo desconoce el plan
El concejal de Urbanismo, Rafael Lillo, desconocía ayer por la mañana la existencia de un proyecto para la construcción del nuevo Ayuntamiento de San Vicente. Lillo aseguró que «no hay nada de momento, todo está muy verde y todavía falta algún tiempo para que se haga nada en este sentido». Estas palabras del principal responsable del Urbanismo en la localidad contrastan con el escrito remitido minutos después por la alcaldesa, Luisa Pastor, a todos los grupos políticos citándoles a una reunión para el próximo lunes con el fin de presentar el proyecto del nuevo edificio consistorial.
viernes, 21 de mayo de 2004 a las 0:00
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Exigen que la nueva biblioteca se construya según los plazos previstos
El Partido Socialista de San Vicente del Raspeig exigirá en el próximo pleno que «la construcción de la nueva biblioteca se realice dentro de los plazos anunciados, ya que se alcanza el mes de retraso en las obras», según declaró su portavoz, Rufino Selva. El PSOE tiene previsto también solicitar al equipo de gobierno que se «instale en las todas las bibliotecas existentes en San Vicente la conexión gratuita a Internet desde los ordenadores de los centros como ya existen en otros municipios», según el propio Selva. Además el portavoz criticó «la poca funcionalidad que el Partido Popular está dando a las obras públicas que realiza como la plaza de Santa Faz, el Jardinet o la propia futura biblioteca». Sin entrar «a valorar el diseño de la misma, creemos que no está en concordancia y rompe con el estilo urbanístico del resto de la zona», declaró el portavoz.
viernes, 21 de mayo de 2004 a las 0:00
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